CRÓNICA DE UNA MASACRE ANUNCIADA - Parte I

ALGUIEN MIENTE

Tras la masacre de San José, muchas sombras cubren al Ejército, pero los antecedentes del frente V de las Farc lo convierten en sospechoso.

En 1988, semanas después de una serie de masacres en Urabá, el presidente Virgilio Barco tuvo que recibir en persona la declaración de un testigo ocular, quien sólo aceptaba rendir testimonio ante él. Los asesores de Barco aún recuerdan la indignación del Presidente ante semejante prueba de desinstitucionalización. Años más tarde, su sucesor, César Gaviria, citaba con frecuencia el episodio como argumento para impulsar la reforma judicial que adoptó la Constituyente.

El hecho de que 17 años más tarde, los testigos de la masacre de San José de Apartadó se hayan negado a declarar ante la comisión de fiscales que viajó a la zona, se podría leer como demostración de que la reforma que creó la Fiscalía no sirvió. Pero sería una conclusión injusta. En estos años ha habido condenas efectivas a altos oficiales por su vinculación con masacres como la de Mapiripán, algo inimaginable antes del 91.

¿De dónde viene entonces la negativa de los testigos, integrantes de la Comunidad de Paz de San José, a declarar, entre ellos su promotora, la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas? La cuestión no es de simple miedo. Desde que dicha comunidad se constituyó, sus miembros consideraron que la clave era declararse neutrales frente a los diferentes actores del conflicto, incluidos no sólo la guerrilla y los paramilitares, sino también la Fuerza Pública.

Y esa neutralidad -para bien o para mal- fue entendida como rechazo a cualquier contacto con representantes de la autoridad: ni Fuerza Pública en el casco urbano del poblado, ni colaboración con la Fiscalía. Y así como ahora esa circunstancia se puede convertir en el mayor de los obstáculos para investigar la masacre, es posible que también haya contribuido a que ocurrieran los hechos. En efecto, desde hace ya algunos años, los voceros de esa comunidad se han quejado del acoso de la Brigada XVII y de grupos paramilitares. Sus denuncias produjeron desde 2000 una serie de advertencias de la OEA, para que el Gobierno brindara protección a la población.

El Gobierno respondió en varias ocasiones que miembros de la Brigada XVII efectuaban patrullajes en los alrededores y en las vías de acceso a la zona, y que la Policía garantizaba protección al ingreso de alimentos. Sin embargo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA advirtió al Gobierno que esa protección no podía incluir la presencia de personal armado -ni del Ejército, ni de la Policía- en el casco urbano, pues eso rompería la neutralidad de la comunidad de paz. "Brindar seguridad en esas condiciones es prácticamente imposible", le dijo a CAMBIO un alto oficial.

El móvil

Si bien en esto las Fuerzas Armadas tienen algo de razón, por otra parte es evidente que los militares nunca vieron con buenos ojos a esta comunidad. A pesar de su declarada neutralidad, sus denuncias han ido dirigidas casi en forma exclusiva contra del Ejército y casi nunca contra las Farc, lo que sin duda aumentó la animadversión de los militares. El hecho es que desde hace años es frecuente escuchar a altos oficiales referirse en términos negativos a las comunidades de paz en general, y a la de San José en particular, con el argumento de que están vinculadas a las Farc.

Claro que una cosa es que los militares vean con malos ojos a una dirigente como Gloria Cuartas y a la comunidad que apoya, y otra que eso sea motivo suficiente para señalar a los uniformados de la Brigada XVII como autores de la masacre. Para eso falta al menos un móvil, un elemento de coyuntura que explique que, después de cinco años de tensiones, esa unidad militar haya procedido contra los habitantes de San José. "Ese móvil bien puede ser la venganza por las bajas sufridas por esa misma unidad al norte del cañón de La Llorona, a manos de las Farc, hace un par de semanas -le dijo a CAMBIO un investigador de la violencia en Urabá-. En los tiempos más duros de la guerra sucia ocurría con frecuencia que, tras un ataque de las Farc al Ejército, a los pocos días se perpetrara una masacre".

La neutralidad se puede convertir en el mayor obstáculo para investigar la masacre.

Resulta aterrador que lo sucedido en San José de Apartadó se pueda explicar -nunca justificar- de este modo. No sólo indicaría el regreso a prácticas siniestras impuestas en los 80 y los 90, sino que demostraría que la Fuerza Pública en la zona se siente impotente para atacar a los guerrilleros, y la emprende contra la población civil. En septiembre de 2004, los voceros de San José denunciaron ante el vicepresidente, Francisco Santos, amenazas en el sentido de que por cada baja militar, la población sería castigada.

De ser cierta esta interpretación, hay algo mucho más inquietante. Las paredes de las humildes viviendas de miembros de esta comunidad fueron pintadas por los asesinos con letreros que reivindicaban la acción a nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Si, en efecto, la masacre fue cometida por unidades de la Brigada XVII, vale la pena preguntarse qué pretendían al usar la máscara de las Auc.

Utilizar ese nombre cuando el Gobierno y ese grupo intentan un controvertido proceso que el Gobierno justifica, entre otras cosas por cuenta del cese al fuego unilateral decretado por las Auc, es una manera de sabotearlo. En medio de la fragilidad con que avanza el proceso, la vinculación de las Auc a masacres de campesinos inermes, incluidos niños, puede hacerlo estallar de modo definitivo.

¿Se puede pensar que algunos mandos militares así lo quieran? Hay quienes creen que sí. Es frecuente que los oficiales se pregunten qué va a pasar en las zonas de influencia de las Auc si éstas en verdad se desmovilizan. Hace pocos días, en una reunión gubernamental, un alto mando en Bucaramanga, indagado sobre el proceso con las Auc, fue más lejos y dijo: "Eso era justo lo que buscaba el enemigo".

El desafío

¿Militares en plan de sabotear el proceso de Ralito? Sería una escalada insospechada de la guerra sucia, la desinformación y la confusión. Pero todo es posible en un país con un conflicto tan complejo como el que vive Colombia. Claro que en ese mismo orden de ideas hay que contemplar la posibilidad de que el V frente de las Farc haya sido el autor de la masacre.

¿Por qué matarían las Farc a estos campesinos que denunciaban con frecuencia al Ejército? Voceros militares han presentado algunas pruebas como testimonios y grabaciones de comandantes de las Farc, que indican que algunas de las víctimas deseaban romper con la comunidad de paz. Las grabaciones han causado más impacto que el reinsertado que testimonió el jueves ante algunos periodistas. En los medios de comunicación, hay un largo y justificado historial de escepticismo frente a este tipo de declaraciones.

Pero también lo hay frente a las Farc. Su récord de mentiras es largo y nutrido. En tiempos del proceso de paz con Belisario Betancur, el grupo guerrillero sostuvo una y otra vez que había suspendido los secuestros, y luego se demostró que mentía. Por años, Tirofijo y sus hombres negaron tener vínculos con el narcotráfico. Hoy nadie duda de que una de sus principales actividades es ésa. Durante el despeje del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana, las Farc dijeron no tener secuestrados en esa zona. Los tenían. En 1999, cuando fueron hallados en la frontera con Venezuela los cadáveres de tres indigenistas estadounidenses, las Farc negaron cualquier responsabilidad. Semanas después, se vieron obligadas a admitirla. En enero de 2001, el grupo negó ser el autor de la masacre de la familia Turbay Cote. Y sí lo era.

En cuanto al V frente de las Farc, es quizás el más sanguinario, cruel e intimidante de todas las divisiones guerrilleras del país. En los 80, se asentó a punta de fuego y machete en la región, y en sus matanzas nunca ha hecho excepción con mujeres, ancianos o niños. Cuando ocupaba la gobernación de Antioquia, el presidente Álvaro Uribe tuvo que viajar a esta misma zona a recoger los cadáveres de 26 campesinos horriblemente mutilados a machete por el V frente. "Si algo inculpa al V frente es el uso del machete, como sucedió en la masacre de San José de Apartadó -le dijo a CAMBIO un investigador judicial que ha trabajado en la zona- y como ha sucedido en los últimos meses en la misma zona con algunos campesinos asesinados por ese mismo frente".

Las Farc lo van a negar a como dé lugar. Los voceros de la comunidad, con Gloria Cuartas a la cabeza, seguirán acusando al Ejército. Pero el hecho de que las Farc hayan tendido la emboscada que le impidió llegar a la zona a la comisión de investigación, y la orden que los guerrilleros parecen haber impartido a los habitantes del área en el sentido de que nadie puede hablar con la Fiscalía, agravan las sospechas contra los alzados en armas.

En la guerra colombiana, la mentira ha sido un arma tan frecuente como el fusil, utilizada tanto por guerrilleros, como por militares, autodefensas y, en muchas ocasiones, por ONG y voceros comunitarios. Por eso, el desafío del Gobierno de Álvaro Uribe y la Fiscalía es establecer con total claridad qué sucedió en San José de Apartadó. Y lograrlo pronto.

Tomado de: Revista Cambio N° 610. marzo 7 al 14 de 2005.

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